La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta legislativa para reforzar la industria automovilística del continente y reducir la dependencia de proveedores externos, especialmente de Asia. La iniciativa, incluida en la denominada Ley de Aceleración Industrial, plantea que los vehículos eléctricos que quieran beneficiarse de ayudas públicas deberán cumplir estrictos requisitos de producción europea.

El principal requisito establece que al menos el 70 % del valor de los componentes de un coche eléctrico deberá proceder de Europa. Además, el ensamblaje del vehículo deberá realizarse dentro de la Unión Europea para poder optar a subvenciones o participar en contratos financiados con dinero público. Estas condiciones entrarían en vigor seis meses después de la aprobación de la normativa.

La normativa introduce también exigencias específicas para las baterías, uno de los elementos más estratégicos del vehículo eléctrico. En una primera fase, deberán incorporar al menos tres componentes fabricados en Europa, incluyendo las celdas. Sin embargo, tres años después de la entrada en vigor de la ley, los requisitos se endurecerán: las baterías tendrán que contar con al menos cinco componentes de origen europeo, como el material activo del cátodo.

Además, la norma prevé que, dentro del porcentaje global del 70 % de contenido europeo, el 50 % del tren de potencia eléctrico y el 50 % de los sistemas electrónicos también se fabriquen en el continente. Con ello, Bruselas busca asegurar que los elementos tecnológicos más críticos del coche eléctrico se desarrollen dentro de su propia cadena industrial.

La propuesta responde al creciente peso de los fabricantes internacionales, especialmente chinos, en el mercado europeo del vehículo eléctrico. El objetivo es garantizar que las ayudas públicas destinadas a impulsar la electrificación también refuercen el empleo y la producción en Europa, evitando que los fondos terminen beneficiando a fabricantes externos.

Con esta estrategia, la Unión Europea pretende reforzar su autonomía industrial y proteger un sector clave para su economía, en plena transición hacia la movilidad eléctrica.